Consustancial a una democracia, la conversación pública refleja la diversidad de opiniones e intereses que se mueven en la sociedad. Los propósitos de reformas anunciados por la administración del presidente Abinader han provocado un torrente de reacciones. Cuantos ciudadanos, sectores y agrupaciones han querido, se han expresado con entera libertad.
Los partidos de la oposición también se han dejado escuchar. Solo que en muy poco tiempo han desmentido lo que proponían en la campaña electoral: la necesidad de una reforma fiscal y las reordenación del gasto público. Que se atrincheren en la sinrazón es también entendible en un régimen de libertades públicas.
Hay coincidencias importantes en las propuestas ventiladas. Todos estamos contestes en que el gobierno debe partir de la reorganización de sus finanzas. Esto implica, entre otras cosas, la reducción del Estado con miras a ahorrar pero también a mejorar la eficiencia. La calidad del gasto público debería ser una meta ahora y siempre.
Coinciden las propuestas en reducir radicalmente las pérdidas en las distribuidoras de electricidad. Es un tema del que se viene hablando desde hace años. Han pesado más razones políticas ligeras que la realidad de un sistema ineficaz. Raya en el absurdo producir electricidad y no cobrar el 36 por ciento. Tanto o más absurdo aún, cargar tarifas elevadísimas a quienes sí pagan.
Reducir la evasión fiscal es otro punto con disidencia nula. Hay un largo trecho que recorrer para lograr un óptimo de recaudación. El impuesto a la transferencia de bienes industriales, el Itbis, es burlado de manera descarada, pero también la carga fiscal sobre los ingresos recae de manera injusta sobre las entradas fijas. Hay muchos profesionales liberales que no saben dónde queda la DGII.