Tras los malos resultados de las elecciones municipales, los partidos de oposición continúan ejerciendo lo que denominan “derecho” al pataleo. Una costumbre de nuestra democracia que no es exclusiva de los que ahora la practican. Pues durante su largo calvario opositor, quienes hoy gobiernan se convirtieron en maestros de la denuncia y especialistas en lloriqueos. Aunque ahora los quejidos provengan del litoral que durante dieciséis años les propinó innumerables golpes electorales.
El problema que, de pataleo en pataleo, se hace daño a la institucionalidad y a la hoja de vida de las personas.
Roberto Rosario fue uno de los mejores presidentes de la historia de la Junta Central Electoral. Sin embargo, no salió de la mejor forma en el año 2016, víctima de una campaña de descrédito promovida por una oposición, que entonces como ahora, acudía a un proceso que lucía definido con anticipación.
De hecho, los equipos de escrutinio y transmisión que se cuestionaron entonces fueron los mismos que salvaron los procesos del veinte. Organizados por una JCE, que, si bien carga con el fardo de aquellas frustradas votaciones municipales, aún se le niega el reconocimiento de haber organizado unas elecciones presidenciales exitosas, mientras atravesábamos el peor momento de la pandemia. Lamentablemente, sus miembros fueron acribillados por ráfagas de injustas descalificaciones, disparadas por súbditos de un sempiterno aspirante que les achacaban las culpas por los reveses del líder reverenciado.
Ahora toca el turno a dos servidores públicos, que no han hecho otra cosa que ejercer sus funciones con responsabilidad e integridad.
Ramón Urbáez lleva años en la Dirección de Juntas Electorales. Sus actuaciones siempre han estado apegadas a la ley y a principios de imparcialidad. Tanto antes cuando los peledeístas ganaban elecciones, como ahora cuando no las están ganando. Sin embargo, piden su cabeza, sin importar el costo que esto puede representar para su honor y su vida profesional.
Lo mismo intentan con el mayor general Otaño Jiménez un oficial con una carrera ejemplar. Quien le conoce lo refiere como hombre correcto y honesto. Pero como hay que identificar culpables de la debacle, piden su destitución sin razones objetivas e ignorando cómo podrían lesionar la hoja de vida de un militar honorable.
Y a pesar de que la población confía en la Junta Central Electoral y reconoce la forma correcta de conducción del proceso. También la quieren dañar, llegando algunos a la barbaridad de reclamar que retornemos a los tiempos de aquellas inefables comisiones de seguimiento.
En fin, que, si bien se reconoce el derecho al pataleo, este no debe ser absoluto. Y su ejercicio no puede llegar al punto de afectar la credibilidad de las instituciones, ni el buen nombre y la trayectoria de las personas.