Muchos creyeron la fábula que en agosto del veinte aquí se instaló un “ministerio publico independiente” decidido a erradicar el régimen de corrupción e impunidad imperante en el país, a pesar que sus mediáticos expedientes evidencian la intención de destruir un sector político y mal disimulan sus vendettas personales.
La realidad es que se trata de fiscales a quienes poco importan las garantías procesales y los derechos fundamentales de los imputados. Interrogatorios tortuosos, desconsiderados y cargados de amenazas y extorsiones; allanamientos aparatosos a altas horas de la noche y hasta en plena madrugada; solicitudes de prisiones preventivas excesivas y arbitrarias, concedidas cobardemente por jueces complacientes; tratos inhumanos dentro de los recintos carcelarios y ocultamiento de información a las defensas técnicas, son sólo algunas de las múltiples violaciones al debido proceso que han caracterizado estos casos de supuesta corrupción administrativa.
Escudados en una ilusoria independencia y desde sus atalayas moralistas, tipifican a los juzgadores y sus jurisprudencias. Los jueces buenos son aquellos que actúan como sello gomígrafo, accediendo a todo cuanto les solicitan, dictando prolongadas e injustificadas prisiones preventivas, flexibilizando plazos hasta la ilegalidad, amparando abusos y permitiendo toda suerte de insolencias en las audiencias. Mientras los que se apegan a los principios y garantías establecidos en el Código Procesal Penal, actúan como terceros imparciales y respetan el debido proceso, son incapaces, incompetentes e irracionales, que con sus decisiones aportan a la “jurisprudencia de la corrupción”.
Unas prácticas que no son nuevas. Al final son los mismo fiscales y adjuntos que acompañaban y apoyaban al anterior procurador cuando este intentaba amedrentar a jueces, comunicadores, abogados, empresarios y políticos, que por alguna razón entendía que podían afectar sus intereses o entorpecer sus descabelladas aspiraciones presidenciales.
En aquel tiempo los jueces que no accedían a las pretensiones del Ministerio Público eran espiados, presionados, difamados y hostigados. La actual procuradora, siendo entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, fue la más pública y notoria víctima de aquellos métodos. Que no la única.
Y ahora andan en lo mismo. Lo acaba de denunciar valientemente la magistrada Ana Lee Florimón, a quien persiguen, insultan y cuestionan su probidad. Vejámenes similares a los que padeció Miriam German, y a los que tienen sometido a muchos miembros de la judicatura dominicana, aunque estos no se atrevan a denunciarlo. Y en esas condiciones, no se puede aplicar justicia. Ni antes ni ahora.
El Poder Judicial y la Procuraduría dicen que investigarán. Pero nada pasará. Los jueces no encuentran protección en sus temerosos superiores, y la procuradora manda muy poco de las puertas de su despacho hacia afuera.
Además, aunque cada vez con menos intensidad, todavía las gradas aplauden estos atropellos.
Todavía. Porque todo pasa. Pregúntenle a Jean Alain.
