En materia carcelaria, el país saca muy malas notas. El número de presos preventivos va en aumento, lo que demuestra una debilidad grave de nuestro sistema judicial. Increíble pero cierto, más del 60 % de los reclusos permanecen sin ser juzgados.
El encierro debería reservarse para aquellos imputados que representan un peligro grave para la sociedad, no responder a la incapacidad para dar seguimiento a otras medidas de coerción, como la presentación periódica, fianzas y los grilletes electrónicos, esto último reservado para ricos.
El “¡Tránquelo!” trae como consecuencia sobrepoblación. En los recintos carcelarios dominicanos imperan condiciones tan deplorables que equivalen a violaciones inaceptables de derechos fundamentales. Sin exageración, son almacenes humanos.
Estamos ante una situación intolerable, para la que no existen respuestas prontas. Los planes de reforma carcelaria fueron archivados y no se habla de nuevas cárceles, pese a que el reemplazo de La Victoria está muy avanzado, pero en abandono.
Los reclusos gozan de derechos. La privación de libertad es ya de por sí un castigo severo. No hay por qué agravarlo.