La aprobación, y posterior promulgación, de la Ley de la Dirección Nacional de Investigaciones es un intento más de golpear, de una u otra manera, la libertad de expresión y de prensa, como bien denunció la Sociedad Dominicana de Diarios la semana pasada.
En los últimos cuatro años, es la tercera iniciativa similar y si algo tienen en común cada una de ellas -más allá de la intención de limitar a la prensa – es que todos los partidos coinciden en lo mismo.
Por más que la oposición cuestione la aprobación de la ley 1-24, todos sus representantes se unieron al oficialismo para defender y promover una ley que hoy enfrenta el cedazo del Tribunal Constitucional, luego que se sometiera un recurso en su contra ayer.
Por más que griten “dictadura”, hasta los partidos que se hacen llamar progresistas le dieron su voto favorable en la Cámara Baja.
Así como el artículo 11 “obliga a entregar a la Dirección Nacional de Investigaciones, todas las informaciones que esta requiera”, los partidos deberían estar obligados a ser más coherentes al fijar posiciones sobre temas específicos.
¿O los candidatos desconocían la posición de sus congresistas?
