Si de algo ha cojeado el gobierno de Luis Abinader es de la facilidad con la que sus funcionarios entran en pánico cuando reciben cuestionamientos del tipo que sea.
A los oficialistas actuales les da urticaria recibir algún tipo de crítica… y si se trata de redes sociales, ahí es que el ardor se intensifica.
Y quedó demostrado nuevamente, con el primer decreto del 2024, que regula la publicidad oficial y “establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, periodistas e influenciadores de los medios digitales”. A simple vista, parece una perfecta búsqueda de transparencia, pero se trata de una reacción a hechos acontecidos recientemente, principalmente en las redes sociales.
Al director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, se le desató una campaña negativa por otorgar contratos millonarios para hablar bien de su oficina, pagando sumas astronómicas que superan colocaciones en medios tradicionales.
Esos ataques coordinados tampoco son gratuitos y, por lo visto, han logrado su fin: hacer recular al Gobierno.
Y la historia reciente nos dice que eso no es muy complicado.
