Los videos de imprudencias inverosímiles en las carreteras dominicanas y los accidentes de tráfico mortales son en sí un género de contenido en las redes sociales.
Casi 3,000 personas fallecieron en estos siniestros en 2022. Para 2023, a mediados de año, las estadísticas disponibles recogían una pequeña baja, pero los últimos meses siempre son más peligrosos, así que habrá que esperar “el conteo” final.
¿Qué parte de responsabilidad tiene el Estado? No este gobierno en concreto: este y todos los anteriores, a los que como mínimo se les puede endilgar una dejación de funciones clamorosa.
Permisividad ante el manejo demencial de patanistas y guagüeros en carreteras y vías urbanas. Permisividad selectiva a la hora de exigir unas condiciones mínimas a los vehículos que transitan: cuanto más destartalados y peligrosos, menos control. ¿Motoristas? Barra libre: pueden manejar a contravía, por la acera, saltarse los semáforos en rojo delante de los agentes de tránsito, no necesitan licencia o demostrar que saben las reglas básicas del código de circulación… Eso es dejación de funciones.
Las empresas privadas del transporte colectivo (nada de sindicatos de choferes) gozan de un monopolio, incluidos amenazas y ataques al que ose intentar entrar en el negocio, con el beneplácito de todos los gobiernos que han pasado por el Palacio. ¿Influye eso en los accidentes? Influye en el descontrol del ecosistema de la circulación.
No ha habido una autoridad en este gobierno que haya propuesto un plan para recuperar una normalidad aceptable. Sobre el transporte se anuncian planes faraónicos de miles de millones. Pero… ¿ordenar lo que hoy tenemos?
Noooo… eso es muy complicado. No casa con la imagen autocomplaciente de “estamos cambiando”.