Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), subsidiaria de Vinci, señaló hoy que el Estado de Chile solo concesionó a un consorcio en el que participa esta última empresa la zona pública de la terminal de pasajeros y carga del Aeropuerto Arturo Meriño Benítez en Santiago.
A través de su director de Comunicación Corporativa, Luis José López, Aerodom indicó que el lado de aire de la terminal, las pistas, plataformas, servicios de salvamento y extinción de incendios, y el edificio de aviación corporativa, entre otros, no forman parte de la concesión y siguen siendo de responsabilidad estatal (de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile).
“De ahí que el Estado retenga un mayor porcentaje de los ingresos que genera el aeropuerto para solventar las inversiones asociadas a la gestión y mantenimiento de todos esos servicios”, dijo Lopéz, quien insistió con que estos siguen siendo de responsabilidad estatal, a diferencia de la concesión vigente de Aerodom, en la que fueron transferidos al actor privado.
Aerodom reaccionó así a una publicación hecha por Diario Libre en la que se indica que, contrario a su concesión de los aeropuertos estatales dominicanos y cuya extensión busca, en Chile, la consorciada francesa Vinci paga todos los impuestos y solo recibe el 22 % de las tasas que abonan los pasajeros mientras que el Estado se queda con el 78 % restante.
Aportes fiscales
“Es importante dimensionar los aportes directos en términos fiscales que representa una concesión versus otra”, señaló López.
Reportó que, en el caso de Chile, la concesionaria solo ha aportado 1.2 millones de dólares como ingresos directos a beneficio del Estado, de octubre del 2015 a enero del 2023, versus más de 345 millones de dólares que ha realizado Aerodom.
En sociedad con la francesa Aéroports de Paris y la italiana Astaldi, Vinci ganó en 2015 la licitación de la obra pública fiscal Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, mediante el consorcio Nuevo Pudahel, por 20 años.
Desde el 2016, Vinci es la propietaria de Aerodom, concesionaria de todos los aeropuertos estatales dominicanos. Esta busca una extensión de dicha concesión por 30 años cuando le restan siete para vencerse.