No sólo el medio ambiente necesita protección. También la requieren los sitios arqueológicos, las edificaciones históricas y los lugares culturalmente significativos. En muchos casos hay consenso acerca de que deben ser preservados, como sucede aquí con las iglesias coloniales. En otros casos, sin embargo, la conservación choca con los intereses particulares de los propietarios, para quienes su reemplazo o uso alternativo puede ser más rentable. Se observa en esos casos un conflicto entre el valor social o colectivo del bien, y su valor económico privado individual. Es frecuente en nuestro medio la demolición o alteración de estructuras representativas de épocas pasadas, igual que en el contexto ecológico ocurre con la explotación de bosques y ríos. Prevalece en esos escenarios el punto de vista personal, usualmente de corto plazo.
Usa solución es, obviamente, cambiar de propietario. El gobierno central, municipios, fundaciones u otros tipos de organizaciones pueden adquirir los lugares en peligro, pero eso implica contar con recursos que no siempre están disponibles, suponiendo que el precio a pagar sea acorde con los beneficios que los dueños dejarán de percibir.
Otra forma de conciliar el valor colectivo con el privado es elevar el rendimiento del uso social para los propietarios. Eso puede lograrse en ciertas situaciones a través del turismo o el cambio en la producción de bienes o servicios, pero en muchos casos no es una opción realista. En algunos países se busca compensar al propietario otorgándole un subsidio ligado a la conservación. De ese modo se eleva el rendimiento al nivel alternativo estimado.
La Unesco ha incluido 143 propiedades en Latinoamérica en su lista de sitios considerados como patrimonio de la humanidad, divididos entre culturales, naturales y mixtos. En el ámbito cultural figura la zona colonial de Santo Domingo. De los naturales, no tenemos ninguno, ni tampoco de los mixtos.