La Ley general de alquileres de bienes inmuebles, cuya aprobación anuncia el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco para el 26 de julio, deberá concertar el máximo consenso posible.
Es un tema altamente sensible para la economía de las familias, en un país donde se calcula conservadoramente que hay un déficit de un millón de viviendas.
Defender los derechos de los inquilinos sin afectar a los de los propietarios (y viceversa) exigirá un cuidadoso balance. Fomentar la construcción de viviendas para alquiler tropieza ahora con esa modalidad de renta de corta duración, los airbnb y demás plataformas, que han sacado del mercado de alquiler para las familias a muchas unidades habitacionales y dirigido la construcción de nuevas orientadas a ese sector.
Hay algo más. Para la clase media, la posibilidad de construir para alquilar es una garantía con la que se cuenta ante el más que probable retiro sin una pensión que permita cierta calidad de vida. ¿La nueva ley logrará armonizar los intereses de unos y otros?