Las cifras desnudas del mercado de trabajo dicen poco al ciudadano común. Son tantas las puntualizaciones para saber en qué categoría precisa de la clasificación cae cada trabajador, que más bien confunden. Por tanto, para hacerse una idea de lo que ocurre lo primero es apegarse al rito de memorizar la nomenclatura, cada vez más enrevesada.
Si las cifras se refieren a los sectores en que los trabajadores desenvuelven su actividad, existen matices diferenciados. Por ejemplo, se catalogan como formales las empresas que tengan registros contables organizados, o paguen impuestos sobre la renta o coticen a la seguridad social. En cambio, son informales aquellas que no cumplen con esos requisitos.
Desde esa perspectiva, a finales de 2022 existía un empate técnico, pues, según informaciones del Banco Central, el 49.6% de los trabajadores, es decir 2,253,695 de personas, estaba laborando en el sector formal, mientras que el restante 50.4 %, o sea 2,287,270 de personas, lo hacía en el sector informal.
Los números podrían cambiar si se tiene en cuenta a los trabajadores indocumentados que monopolizan algunas ramas de actividad como la agropecuaria, o la construcción, entre otras, pues en estos casos la fiabilidad de las cifras es más baja.
Para colmo en algunos países existe la tentación de inflar la importancia del tamaño del sector o de la ocupación formal porque refleja un mayor estatus de protección social y de desarrollo. De ahí que la Torre de Babel sea enana en comparación con tanto enredo.
Otra aclaración: las cifras del sector formal incluyen 313,696 personas que a finales de 2022 trabajaban en la administración pública y defensa, a las cuales habría que sumar una porción de los 473,489 que laboraban en enseñanza y salud, ya que la mayor parte de estos últimos son empleados públicos. De modo que, si restamos del total al personal contratado por el sector público llegaríamos a la conclusión de que el sector formal movido por actividades privadas no sobrepasa mucho más del 35% del total.
Y esa es una cifra muy baja, que no cuadra con la dinámica con que parece conducirse la actividad de una economía capitalista. Aunque conviene aclarar que la influencia de lo estatal en la determinación del empleo no es asunto nuevo, sino que se arrastra desde decenios atrás.
En otro orden, si en vez de sector formal o informal se habla de ocupación, así de pelada, los números cambian. Bajo ese prisma los ocupados informales ascendieron al 56.2 % en 2022, mientras que los formales quedaron en el 43.8 %. La diferencia estriba en que a las cifras del sector informal se le agregan los trabajadores domésticos informales, los trabajadores informales en el sector formal (avis muy rara), y los familiares no remunerados del sector formal.
Es evidente que estamos en presencia de una sociedad en que predomina el trabajo informal, que por definición carece de protección social, o la tiene muy precaria. Y eso es gravísimo. Muestra, sobre todo, que el crecimiento económico que ha caracterizado a nuestra sociedad no se transforma en desarrollo en la medida de las aspiraciones de la colectividad. Modificar esta situación debería ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional.
Ante esa realidad hay quienes pretenden quitarle importancia al asunto. Se empecinan en proclamar que en otros países de América Latina y del mundo también existe alta informalidad. Y es cierto, pero proclamarlo no constituye consuelo ni solución. Lleva a conformarse y a dar por un hecho inmodificable la desprotección social que invalida los esfuerzos de elevación del género humano.
Otros se aferran a la prédica de que muchos de los ocupados informales son trabajadores por cuenta propia. Y si bien es encomiable su esfuerzo de ganarse la vida por sí mismos en base a iniciativa propia y creatividad, lo hacen en medio de gran precariedad porque la sociedad no les proporciona las condiciones necesarias para mejorar su nivel de vida.
Darlo como un hecho inmutable es condenarlos a que permanezcan cercanos a la marginalidad, cuando lo que anda mal o está incompleto puede modificarse, si existiera voluntad para hacerlo.
De hecho, muchos de esos trabajadores por cuenta propia podrían acceder al segmento de la seguridad social contributivo subsidiado o al subsidiado pura y simple, si se ajustara el marco jurídico para permitirlo y existiera acuerdo de la administración pública para hacerse cargo de la parte financiera que le correspondería asumir. Los subsidios, si a algún lugar merecieran dirigirse, sería precisamente a reforzar la cobertura y el alcance de la seguridad social.
Como se ve, los retos son enormes.
